Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, renunció tras tres años y tres meses en el cargo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la dimisión se hará efectiva a partir de este 30 de septiembre.
La renuncia del fiscal se da en torno al aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de revelarse diferencias con su jefe inmediato, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Dichas diferencias se acentuaron con el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra militares, y exfuncionarios de alto nivel de Guerrero, mientras él estaba en Israel.
También, por lafiltración de información relevante del caso Ayotzinapa a la prensa.
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa se creó el 26 de junio de 2019 para investigar, perseguir los delitos y concluir los procesos penales vinculados a la desaparición de 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
A su cargo tiene el conocimiento, trámite y, en su caso, resolución de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros procesos relacionados con el caso.
Gómez Trejo, tenía la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación.
El fin de semana circuló una serie de filtraciones del caso, como mensajes de whatsapp que revelaron una presunta relación entre militares, policías, y miembros de la delincuencia organizada y cómo habrían ordenado el secuestro, asesinato y desaparición de los normalistas.
Paralelamente, se dio a conocer el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión de 83 que se habían girado en agosto.
Entre los desistimientos destaca el mandamiento en contra de Rafael Hernández Nieto, quien en 2014 era miembro del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, ubicado en Iguala, y 15 militares más.
Así como contra Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero y contra Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal de Justicia.