Durante la audiencia inicial tras su detención en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Gilda ’N’, hermana de Emilio Lozoya acusó que se trata de un “caso político”.
La tarde de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplió una orden de aprehensión en contra de la hermana del exdirector de Pemex por estar presuntamente involucrada en el caso de Agronitrogenados.
Al ser puerta a disposición de la jueza Nora García, la mujer rechazó los cargos.
“Yo creo que este es un caso político, donde a mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, se nos ha utilizado para presionar a mi hermano”, dijo según varios medios de comunicación.
Lozoya Austin explicó que salió del país por un asunto familiar y regresó voluntariamente.
“Salí del país porque esta orden de aprehensión no se me había notificado y estoy aquí para cooperar”, afirmó.
De acuerdo con la Fiscalía, se investiga a Gilda ‘N’ por presuntamente haber fungido como prestanombres de una empresa para encubrir actos de corrupción, así como triangular recursos de procedencia ilícita.
La dependencia señaló que Gilda ’N’ se convirtió en beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited a través de la cesión de derechos que le realizó Emilio Lozoya, su hermano.
Según las indagatorias, ella recibió transferencias bancarias por millones de dólares provenientes de Altos Hornos de México (AHMSA) durante cinco meses en 2012.
Más tarde, realizó movimientos de recursos hacia diversas personas.
Parte de ese dinero, de acuerdo con las pesquisas, habría servido para financiar la compra de la planta de Agronitrogenados.
Y juzgadora se confunde en audiencia
La defensa solicitó aplazar la audiencia porque los fiscales entregaron la carpeta de investigación, que consta de 11 cajas con 70 mil fojas, apenas minutos antes de que iniciara la diligencia.
La jueza García Peralta concedió el receso tras dos horas de debate.
Rojas Pruneda también pidió que su clienta permaneciera en arresto domiciliario en el inmueble familiar, donde su madre Gilda Margarita Austin Solís cumple actualmente prisión domiciliaria.
Sin embargo, la jueza rechazó la petición ya que “los policías que custodian a la madre, argumentó, no están obligados a vigilar a la hija”.
De acuerdo con periodistas que asistieron a la audiencia, la juzgadora, electa por voto popular, se confundió en diversas ocasiones durante su resolución.
Primero dijo que la solicitud de la defensa era improcedente y luego la concedió.
Asimismo, cuando los fiscales pidieron que calificara la legalidad de la detención, respondió que no entraría a discutir “la constitucionalidad ni la legalidad de la orden de aprehensión porque esa ya quedó firme”, pese a que el ministerio público se refería a la legalidad de la detención, no de la orden.